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La junta directiva, en representación de las familias de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo de Adislan, QUEREMOS MANIFESTAR:
- Que estamos sumamente preocupados y angustiados por el devenir futuro de los servicios públicos que atienden a nuestros hijos/as, hermanos/as y que actualmente gestiona Adislan.
- Que nos encontramos decepcionados con el Cabildo Insular de Lanzarote por el poco valor y reconocimiento a la labor y aportación de ADISLAN, durante más de 20 años, como complemento del sistema de responsabilidad pública, prestando servicios profesionales de calidad, cercanos y apostando siempre por la innovación.
- Que nos sentimos no escuchados sobre lo que necesitan nuestros hijos/as, hermanos/as, no ateniéndose a nuestras demandas.
- Nos alarma y nos sentimos atormentados y consternados porque en la isla de Lanzarote se quiera mercantilizar los servicios de las personas más vulnerables.
- Las familias somos conscientes de nuestro papel como generadores de cambios y respuestas colectivas. Queremos conseguir una sociedad más justa y solidaria para las personas con discapacidad intelectual, es un trabajo que hacemos de forma incansable desde que nuestros hijos llegan a nuestras vidas.
- No queremos perder los apoyos que actualmente se ofrecen a nuestros hijo/as hermanos y hermanas; los apoyos que se ofrecen van más allá de los servicios a los que acuden nuestros hijo/as y hermanos/as, apoyos en situaciones de duelo, apoyo a demanda de las familias, apoyos en situaciones de conductas muy complejas de vivir, apoyos en situaciones médicas, apoyos en procesos de desajuste familiar, se puedan dar procedimientos de urgencias, flexibilidad en la atención, y toda una relación de apoyos que la empresa privada no ofrecerá a nuestros hijos/as.
- Con la licitación de los servicios de Residencia, Hogares Funcionales, Centro de día y Centro Ocupacional para personas con discapacidad, se impulsa en la isla la entrada de la iniciativa privada empresarial, haciendo de los servicios sociales un yacimiento de negocio y mercantilización.
- No queremos que se gane dinero con las necesidades de nuestros hijos/as y/o nuestros hermanos/as.
- Las familias queremos seguir siendo parte de la atención a nuestros/as hijos/as, hermanos/as, desde la toma de decisiones, desde los órganos de gestión como miembros de junta directiva y asamblea general, con VOZ y VOTO.
- Las empresas privadas anularían nuestra voz y nuestro voto en la gestión de los servicios.
- Estamos muy preocupados y contrariados por la deriva del Cabildo Insular de Lanzarote, en el cambio radical en el sistema de servicios sociales para la discapacidad y en el modelo de colaboración con las entidades del tercer sector, que afecta a los logros y derechos sociales obtenidos hasta la fecha. Suponiendo esto una amenaza a la calidad de vida de las personas atendidas, un desmantelamiento del Tercer Sector en la isla y un debilitamiento del movimiento asociativo.
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La ley de Servicios Sociales de Canarias, publicada en el año 2019 ya ha marcado el rumbo de los servicios sociales en esta comunidad, LA CONCERTACIÓN SOCIAL, que supone una garantía de sostenibilidad del sistema actual de prestación de servicios sociales, desde el reconocimiento de la participación de las entidades del Tercer Sector en el sistema de servicios sociales.
Por todo ello, REIVINDICAMOS AL CABILDO INSULAR DE LANZAROTE;
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Que priorice en su agenda la reunión con la Junta Directiva de Adislan, como representantes de las familias.
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Que las políticas, que se desarrollen por parte del Cabildo Insular de Lanzarote, respondan a las reales necesidades y sentir de las familias y las personas con discapacidad intelectual, desde diálogo constante y la colaboración.
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Que estudie las propuestas planteadas por Adislan al Cabildo Insular de Lanzarote, y que están bajo el amparo de la Ley.
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Queremos servicios para nuestros hijos con una innovación constante, ¡para nuestros hijos/as lo mejor!, eso es por lo que se ha caracterizado a Adislan en los últimos 20 años.
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Que las mejoras económicas propuestas para los servicios en su regulación, recaigan en una entidad del tercer sector. Llevamos muchos años luchando por un coste digno para los servicios y no puede ser que ahora sea una realidad, y no vaya íntegramente destinado a nuestros hijos/as, hermanos/as, sino a ganancias y lucro de empresas.
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Que se tenga presente y se explore que la Ley de Contratos del Sector Público y la normativa europea, permiten a las Administraciones Públicas concertar servicios sociales con entidades fuera de la normativa de contratación pública, a través de un procedimiento especial, y ello es posible porque los servicios sociales están incluidos en lo que la normativa denomina como servicios a las personas, por lo que gozan de una especial protección mediante una regulación específica distinta de la que rige en materia de contratación pública.
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Que el Cabildo Insular de Lanzarote, mantenga el principio marcado por el Gobierno de Canarias con el apoyo unánime de todos los partidos políticos recogiendo en la Ley de Servicios Sociales, la inclusión de la concertación social como mecanismo de estabilidad y continuidad en los servicios y el tercer sector, para continuar potenciando y fomentando la innovación, basado en principios de transparencia y resultando una fórmula flexible y con mayor capacidad de adaptación a las necesidades de las personas.
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No queremos servicios contratados y estancos, queremos servicios que puedan ser flexibles, donde el centro de su gestión sean las personas y se adapten constantemente a sus necesidades.
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Solicitamos una gestión de los servicios públicos que ofrezcan a las familias y a las personas con discapacidad intelectual certidumbre y sostenibilidad del colectivo.
La Junta Directiva de Adislan
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