Un certificado de discapacidad es un documento oficial, emitido por la Administración Pública. Reconoce las limitaciones en las actividades de la vida diaria que presenta la persona y lo hace expresadas en porcentaje, que ha de ser cómo mínimo del 33%.

El reconocimiento oficial de la discapacidad tiene ventajas. Su propósito es compensar las dificultades sociales que la discapacidad implica. Proporciona acceso a derechos y a prestaciones de distinto tipo. El objetivo es equiparar oportunidades. No es obligatorio tramitarlo, pero es beneficioso para acceder a determinados derechos y prestaciones.

No es lo mismo la valoración de dependencia que la  de discapacidad. Lógicamente, una persona a la que se le ha reconocido un determinado grado de dependencia, también se le reconocerá un grado de discapacidad, pero son trámites independientes.

No, no es lo mismo.

La discapacidad reconoce limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales.

La incapacitación es el proceso que, mediante una sentencia judicial, reconoce que la persona no tiene la capacidad para autogobernarse. La sentencia determina la extensión y los límites de la incapacidad. Es importante entenderla en sentido positivo. Se plantea cuando a una persona le falta capacidad para ocuparse de sí misma y/o ocuparse de sus bienes. Es una medida de protección ante posibles situaciones de desamparo o indefensión de la persona. No tiene por qué ser definitiva. Si las causas que motivaron el procedimiento varían, la incapacidad podrá revisarse, incluso a petición de la misma persona incapacitada.

La ley de dependencia reconoce el derecho de las personas con discapacidad a acceder a determinados servicios y prestaciones. Para poder beneficiarse de esos derechos es necesario solicitar una valoración.

Es un centro, sin ánimo de lucro, cuyo objetivo principal es el de realizar un trabajo productivo, participando regularmente en las operaciones de mercado y teniendo como finalidad el asegurar un empleo remunerado y la prestación de servicios de ajuste personal y social que requieran sus trabajadores.

83 personas están en viviendas tuteladas y 79 personas reciben apoyos en sus propias viviendas (servicio de vivienda autónoma)

En Adislan contamos con un equipo de profesionales (equipo de valoración) que recoge las demandas de acceso a los servicios. Cada demanda se valora y, si se considera que se le puede ofrecer apoyo, se orienta hacia el servicio más adecuado. Para los servicios concertados con la Administración Pública, debe realizarse un proceso paralelo de solicitud de plaza. El acceso a los servicios concertados: vivienda tutelada, ocupacional, residencia y centro de día y la gestión de las listas de espera es competencia del …

Existen algunas prestaciones económicas públicas vinculadas a la discapacidad.

Ejemplos:

• Pensión no contributiva por invalidez (CAIB): lo pueden solicitar persona a partir de 18 años y con un 65% de discapacidad cómo mínimo.
• Prestación familiar por hijo a cargo (Seguridad Social): lo pueden solicitar los padres o tutores de personas con discapacidad. A partir de los 18 años, se podrá solicitar sólo si la persona tiene reconocida una discapacidad superior al 65%.
• Incapacidad laboral: lo pueden solicitar aquellas personas que estando trabajando sufren una enfermedad o accidente que limita sus actividades de la vida diaria y le incapacitan para seguir trabajando en su profesión habitual, de forma parcial o total. Una persona a la que se le reconoce una incapacidad laboral tiene reconocida, automáticamente, una discapacidad del 33%.

El futuro de nuestros hijos y familiares es una de las principales preocupaciones de los padres. Es importante saber y sondear quién de nuestro entorno (familiares) podría y aceptaría ser el tutor de nuestros hijos. Si no contamos con esa persona podemos solicitar que lo asuma la Fundación Tutelar de Amadip Esment Fundació. Este punto debe dejarse reflejado en el testamento. Los profesionales de la Fundación Tutelar pueden asesorar y apoyar en estos trámites.

Además, más allá del ámbito legal, podemos preguntarnos dónde y quién cuidará durante el día a día de nuestros hijos. Contamos con nuestros servicios residenciales: vivienda autónoma (para las personas que necesitan poca supervisión), vivienda tutelada y residencia.

Tiene una plantilla que ronda los ….. trabajadores, de los que …. son personas con discapacidad intelectual

Los ingresos de Adislan  provienen fundamentalmente de tres fuentes: las ventas de sus actividades comerciales, los conciertos y subvenciones recibidos por contraprestación de los servicios que damos a las personas con discapacidad intelectual y las cuotas de los socios y de la parte que las familias pagan de alguno de los servicios que reciben. En este momento, respecto a la totalidad de ingresos los datos son: ventas 38%, conciertos y subvenciones 50% y cuotas 6%.

Cualquier persona con discapacidad intelectual, mayor de 16 años, puede solicitar el acceso a nuestros servicios. Cada solicitud será examinada para valorar si existe incompatibilidad entre los servicios que solicita y los que ya recibe de otra entidad.