LECTURA FACIL
Plena inclusión ha hecho un estudio
en sus federaciones.
Este estudio demuestra que sus
residencias han tenido que hacer un esfuerzo
económico para atender
a las personas con discapacidad intelectual.
Por ejemplo, comprar equipos tecnológicos.
Esto supone una situación limite a los
mas 4.000 centros que atiende
en todo el país el movimiento asociativo
y un serio peligro a la red de apoyos
a 140.000 familias de todo el estado.
Con todo esto Plena inclusión
llama a las administraciones
para compensar los gastos e invertir
más fondos en accesibilidad cognitiva.
Madrid, 13 de octubre de 2020.- Plena inclusión acaba de realizar un estudio de campo entre sus asociaciones de todo el país para conocer el coste de las medidas de adecuación de sus instalaciones a las exigencias de prevención fijadas por las autoridades públicas. Los datos recogidos demuestran el enorme esfuerzo económico que deben asumir para cumplir los protocolos en las 1.016 residencias y pisos tutelados que gestionan y en los que se atienden a más de 17.000 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Las medidas que han debido adoptar se concretan en: nuevas contrataciones en los diferentes turnos de las profesionales de atención directa, obras de zonificación de las instalaciones, procesos de formación, compra de equipos de protección, incorporación de nuevas tecnologías y apoyo a las familias.
“Calculamos que la inversión que debe asumir cada servicio residencial para cumplir con este paquete de medidas frente a la COVID-19 se cifra en 110.000 euros de media”, informa Santiago López, presidente de Plena inclusión España. Hay que aclarar que esta cantidad incluye el coste medio (3.900€ persona) que supone el apoyo y atención a cada persona contagiada por coronavirus que debe recibir una atención individualizada durante 14 días. Vale la pena recordar que estas actividades son consideradas ya parte esencial de la tarea que realizan estos servicios.
Al mismo tiempo, Plena inclusión se muestra preocupada por la falta de elevación de los precios plaza, por parte de las administraciones públicas, que son los que permitirían hacer frente a estos sobrecostes. Actualmente las entidades están sufragando con fondos propios estos gastos extraordinarios, descapitalizando sus limitadas posibilidades económicas y financieras. “Nos enfrentamos a una situación límite respecto a la sostenibilidad de muchas de las entidades que gestionan 4.000 centros y servicios de apoyo a la discapacidad en todo el país”, denuncia Santiago López.
La organización de referencia en España de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo -Trastornos del Espectro Autista (TEA), parálisis cerebral, síndrome de Down y otros- alerta de que en el caso de no revertir esta tendencia de aumento de costes y ante la falta de regularización de los precios públicos, existe un serio peligro de que se produzca en un breve plazo de tiempo una quiebra general de la red de apoyos a 140.000 personas con discapacidad intelectual y sus familias en todo el Estado.
Plena inclusión llama a la responsabilidad de las administraciones públicas competentes para que promuevan las medidas de reforzamiento necesarias para fortalecer a las organizaciones en dos líneas: compensar los gastos que ya se han realizado e invertir más fondos para hacer posible el refuerzo de plantillas, mejora de servicios y apoyos sanitarios, tecnología, reforzamiento de limpieza, compra de equipos, formación, apoyo psicosocial, reestructuración de equipamientos y refuerzo de los canales de comunicación y accesibilidad especialmente la accesibilidad cognitiva.
