La crisis del Covid-19 ha confirmado la gravedad de la situación económico-financiera de las entidades canarias que prestan servicios a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, trastorno del espectro del autismo, síndrome de Down y parálisis cerebral, y a sus familias.
Una situación que ya ha manifestado en varias ocasiones este ámbito del tercer sector y que, ahora más que nunca, necesita de una respuesta política real que se comprometa con los derechos de las personas con discapacidad.
De no ofrecerse ninguna respuesta, sin duda alguna, la falta de financiación del Gobierno de Canarias y de los Cabildos Insulares llevarán a la quiebra a estas organizaciones que llevan años trabajando con una financiación muy por debajo de la media nacional.
Estos datos evidencian que en Canarias urge una inyección importante de financiación en el sector, al menos del 50%. De lo contrario se dejarían de prestar estos servicios a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y a sus familias.
Una financiación que irá dirigida, principalmente, a la contratación de más personal, a la financiación de test de detección del Covid-19, a la compra de equipos y materiales de protección y a la reconfiguración y sectorización de espacios y unidades de convivencia.
Es preciso que el Gobierno autonómico y los Cabildos Insulares reconozcan el gran esfuerzo y la inversión que estas organizaciones llevan asumiendo desde hace años y que precisan ahora más que nunca del apoyo económico de las Administraciones. Sólo así podrán sobrevivir a la doble crisis actual, seguir incidiendo en la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad y lograr estándares de calidad.
